El miércoles 1 de octubre, en la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados, fue aprobada -con votos de parlamentarios oficialistas- la propuesta de acortar los permisos de operación de la pesca industrial a 10 años. Hasta ahora, estas licencias tenían una vigencia de 20 años renovables, pero la proposición del Gobierno fue disminuirlas drásticamente.
“Lo que vemos es que sin tregua el Gobierno, con el apoyo de sus parlamentarios, continúa su diseño de refundar la pesca industrial sin considerar el dramático escenario económico y social que atraviesa el país y en particular la Región del Biobío. En resumen, con la Ley de Fraccionamiento, más lo recientemente aprobado, esta actividad industrial quedará con el 40% de acceso a los recursos pesqueros que tenía; se le agregó un arancel exclusivo a las compras internacionales de jurel que pagarán exclusivamente las empresas del Biobío, licencias de 10 años para operar y subastas de sus permisos vigentes. Al término de este Gobierno nuestra zona será menos industrial y enfrentará un grave problema de empleo”, explicó Macarena Cepeda Godoy, presidenta de los Pescadores Industriales del Biobío.
La dirigente comentó que se produce una paradoja, ya que el avance de estas políticas públicas golpea exclusivamente al Biobío, la Capital Pesquera del país. “Las subastas quedaron señaladas sólo para las empresas que operan sobre el jurel y se excluyeron de las otras pesquerías de Chile por ser consideradas dañinas. Es decir, las subastas son malas para la economía y las certezas jurídicas del sector pesquero artesanal e industrial en el resto del país, pero buenas y deseables solo para las empresas pesqueras del Biobío, un completo sinsentido. El ministro de Economía había manifestado su compromiso con el crecimiento y preocupación por la industria pesquera dedicada al consumo humano, pero lamentablemente lo impulsado por su Gobierno esta semana deja de manifiesto que fueron palabras al viento. Es un doble discurso que resultará en debilitación y desindustrialización de la pesca industrial del Biobío”, manifestó.
En el sector explicaron que, pese al incremento sostenido de la cuota del jurel -donde Chile tiene la mayor asignación mundial-, no hay inversiones proyectadas dada la alta incertidumbre provocada por las políticas impulsadas por la administración del Presidente Gabriel Boric. Ejemplificaron el escenario señalando que un barco industrial tiene una vida útil de 35 o 40 años y cuyo costo es de a lo menos US$25 millones, y solo en Biobío, hay US$100 millones congelados en nuevas inversiones en plantas de consumo humano. “Con permisos renovables y subastables cada 10 años no hay actividad económica que funcione, por ello, ya es un hecho que el Gobierno no tiene comprensión técnica ni económica de lo que propone, y menos responsabilidad, porque los efectos los deberá asumir una próxima administración”, explicaron.
Macarena Cepeda dijo que lo más preocupante es que ni el Gobierno ni sus parlamentarios ya esconden que la “idea matriz” de estos proyectos es convertir esta actividad empresarial en una artesanal, de baja escala, donde no importan las inversiones, el trabajo formal, ni la competitividad internacional de las actividades industriales y empresariales.
