La pesca ilegal dejó de ser una sucesión de robos menores protagonizado por los denominados “gatos” para convertirse hoy en una economía ilícita que opera mediante redes organizadas de extracción, transporte, acopio y comercialización, generando cuantiosas ganancias y pérdidas para el Estado. Esa fue una de las principales conclusiones del seminario “Por un Chile sin economía ilícita: los casos forestal y pesquero”, convocado por Pescadores Industriales del Biobío en conjunto a la Confederación para la Producción y el Comercio (CPC) y Corma Biobío-Ñuble, con el propósito de dimensionar un fenómeno creciente que pone en riesgo la seguridad de los trabajadores, la salud de los consumidores y la sostenibilidad de los recursos marinos.
En la instancia se presentaron antecedentes contenidos en un reciente informe elaborado por la CPC junto con 30 gremios empresariales y cerca de 70 especialistas, que expuso que la comercialización ilegal de productos del mar moviliza alrededor de US$430 millones anuales y genera pérdidas tributarias cercanas a los US$50 millones.
La pesca ilegal, no declarada, no certificada o fiscalizada es uno de los principales problemas que enfrenta el sector pesquero nacional, ya que agota las poblaciones de peces, destruye los hábitats marinos, perjudica injustamente a los pescadores que capturan solo su cuota y hace más vulnerables a las comunidades costeras. Hoy está dentro de las 10 economías ilícitas más relevantes de Chile y los recursos del Estado son extremadamente limitados para atender la magnitud del problema.
De esta forma, a partir del análisis de la respuesta institucional frente al robo de madera, fenómeno que durante años afectó especialmente a la macrozona sur con delitos violentos y vinculación con organizaciones criminales, el problema se instaló en la agenda pública, mejorando la coordinación entre organismos públicos y privados, lo que derivó en el desarrollo de estrategias y nuevas herramientas legales que permitieron contener el fenómeno. “Es momento de considerar a la pesca ilegal como crimen organizado y declarar delito toda la cadena que origina este verdadero atentado contra la sostenibilidad de los recursos pesqueros”, señaló Macarena Cepeda Godoy, presidenta de los Pescadores Industriales del Biobío.
De hecho, el gremio pidió al Ejecutivo respaldar y otorgar urgencia al proyecto que se tramita en el Senado para crear un delito especial de tráfico ilícito de recursos hidrobiológicos. La iniciativa busca fortalecer la persecución penal de quienes participan sistemáticamente en el transporte, adquisición, almacenamiento, distribución o comercialización de productos extraídos ilegalmente. “Nosotros creemos que el proyecto va en el sentido correcto, pero debe considerar desde la extracción de los recursos pesqueros y no partir desde el transporte o la comercialización. Hay que ir a la raíz del problema”, explicaron desde el gremio.
“Necesitamos que el Gobierno respalde esta iniciativa y le otorgue la urgencia necesaria. La pesca ilegal ya no puede seguir siendo entendida como una infracción menor o como un problema exclusivo del sector pesquero. Estamos frente a organizaciones que cuentan con financiamiento, logística, redes de distribución y mecanismos para ocultar el origen ilícito de los productos”, afirmó la dirigente gremial.
Cepeda comentó que la extracción es solo el primer eslabón de una estructura que también incluye captura, transporte, almacenamiento, falsificación o blanqueo de documentos, evasión de impuestos, comercialización informal y lavado de activos. Y constituye un riesgo para los consumidores, ya que los productos pueden terminar en plantas clandestinas, ferias libres, mercados, caletas, restaurantes, plataformas digitales o servicios de reparto, sin que sea posible acreditar su origen ni las condiciones sanitarias bajo las cuales fueron manipulados.
Respuesta del Estado
La problemática fue analizada por un panel compuesto por el delegado Presidencial Regional, Julio Anativia, la gerente general de la CPC, Carolina Agüero, y el ex senador y ex subsecretario del Interior, Felipe Harboe, quienes coincidieron en la necesidad de fortalecer la coordinación entre Sernapesca, la Armada, las policías, el Ministerio Público, el Servicio de Impuestos Internos, Aduanas, las autoridades sanitarias y los municipios para el combate de la pesca ilegal.
En esa línea, cabe señalar que actualmente Sernapesca cuenta con cerca de 1.200 funcionarios para fiscalizar las pesquerías y la acuicultura de todo el país, además de cumplir tareas asociadas a certificaciones, comercio exterior y labores administrativas. En 2025 disponía de siete embarcaciones, de las cuales solo tres se encontraban operativas. A esto se suma que, según antecedentes entregados, el 96% de los casos de pesca ilegal detectados termina sin una sanción efectiva.
