La comisión mixta de pesca acogió el miércoles la propuesta de Gobierno de agregar un nuevo impuesto a la actividad productiva nacional y que golpeará con especial dureza a la Región del Biobío, pues ese gravamen es exclusivamente para la industria del jurel, donde las comunas de Talcahuano y Coronel, son las capitales mundiales de captura y procesamiento del recurso.
“Ya la carga tributaria de la pesca industrial es proporcionalmente una de las más grandes del sector productivo chileno y una de las más altas del mundo. Somos el único sector productivo que trabaja sobre recursos naturales renovables afectos a un Royalty, que se ocupa sólo para recursos no renovables y ahora se ha agregado un nuevo tributo particular”, explicó esta mañana la presidenta de los Pescadores Industriales del Biobío, Macarena Cepeda Godoy.
La dirigenta explicó que no fue posible convencer al Gobierno y a sus parlamentarios que no era necesario agregar un nuevo impuesto para la pesca industrial, pues “según nuestro análisis y el de reputados expertos, el solo crecimiento de la cuota global del jurel permitía financiar el proyecto. Finalmente, parlamentarios de otras regiones acogieron el llamado del ministro Nicolás Grau y terminaron colocando un impuesto exclusivo para la Región del Biobío, que ya enfrenta graves problemas de estancamiento económico y desindustrialización”.
Anoche fue aprobado que las compras internacionales de jurel que Chile ejecuta al interior de la Organización Pesquera del Pacifico Sur, ORP-Sur, sean gravadas con un impuesto de US$95. Actualmente la tonelada de jurel en el mercado internacional de traspasos tiene un valor de US$300 aproximadamente. Esto significa que las empresas chilenas deberán pagar ahora un sobreprecio del orden del 30% frente a sus competidores internacionales.
Para el caso de las empresas pesqueras las compras internacionales promedian el 20% de sus volúmenes procesados, pero hay compañías de menor tamaño como FoodCorp (Coronel) o Landes (Talcahuano) donde esas adquisiciones significan el 40% o el 50% de su operación. “Eso es dramático para esas compañías, porque de continuar las compras internacionales sus costos se elevarán y de no hacerlo, se verán obligadas a procesar cantidades muy menores con el consiguiente impacto en el empleo y su viabilidad económica.
“Con esta ley, el Chile pesquero líder y su capital mundial que es la Región del Biobío quedan en una posición de desmedro, de mayores costos y menos competitividad. Eso no será gratuito. Las empresas tendrán que ajustar sus costos, enfrentarse a más estrechez operacional, menos mano de obra, entre otros efectos. Sin duda, hoy este sector industrial que empuja la actividad económica del Biobío se enfrenta a un futuro que no será como el que conocemos”, reflexionó Macarena Cepeda.
Es un sin sentido que el Gobierno impulse, por un lado, un cambio en el fraccionamiento de jurel tan drástico sabiendo que el destino de esa materia serán las plantas de harina de pescado, y por otro, se le impone una patente a las compras internacionales que realiza la industria y que van en un cien por ciento a la elaboración de productos para consumo humano.
Es importante conocer que al compararnos con otros países pesqueros con los cuales Chile compite directamente, el sector industrial chileno se revela como el de mayor carga impositiva. Nueva Zelanda, Perú, Islandia y otros tienen menores cargas impositivas en materia de pesca para hacerlos competitivos y fortalecer la actividad. “Chile transita otra ruta”, dijo la presidenta de los Pescadores Industriales del Biobío.
Cabe recordar, que, con esta misma Ley de Fraccionamiento, el sector pesquero local perdió un 20% de su cuota la que será traspasada al sector artesanal. De esta forma la cuota para ellos tendrá un aumento del 300%, equivalente a más de 200 mil toneladas de pesca y US$79 millones de nuevos ingresos. Esas capturas dejarán de utilizarse para la producción de alimentos (conservas y congelados) y ahora tendrán como destino la harina de pescado.
